En
el desarrollo de las labores de muchos funcionarios y contratistas de las
diferentes entidades del Estado colombiano, se lleva a cabo un control sobre las
actividades y productos a entregar por parte de los Programas Misionales, por
medio de la elaboración y continuo seguimiento a un documento denominado Plan
Operativo Anual, conocido por todos como POA.
En
el POA, se revisa al detalle cada actividad, junto con sus productos, costos y
tiempos de ejecución, de tal manera que se tiene un seguimiento constante de
los procesos a realizar, identificando
posibles situaciones conflictivas, como por ejemplo, retrasos en la ejecución
de los recursos que eventualmente afecten tanto a actores participantes al
interior de la institución, como al exterior de la misma.
En
este sentido, gracias a esta metodología, los Programas planifican sus
actividades de una manera eficaz y eficiente, cumpliendo con las metas
propuestas, sin embargo, cuando se evalúa el accionar de las instituciones,
otro es el panorama. Por ejemplo, hace apenas unos meses se levantó el paro de
campesinos, pero ya está sonando en el ambiente nuevamente otro.
Surge
entonces la necesidad de repensar la forma como se está llevando a cabo la
planificación del país, en medio de un ambiente de alta complejidad como es el
colombiano.
Debemos
comenzar por analizar la manera como se plantean las políticas públicas del
país, siendo estas el eje fundamental de las acciones del gobierno, diseñadas
desde la base del conocimiento por profesionales altamente capacitados y calificados,
pero que a la luz de los hechos, no han logrado impactar de manera positiva a
la población.
Se
dice que Colombia es uno de los países más ricos del mundo, con la mayor
biodiversidad del planeta para mencionar solo uno de sus tesoros, pero también
con el vergonzoso titulo de ser el tercer país con mayor desigualdad social
entre 129 países, sólo por debajo de Haití y Angola, de acuerdo con el último
estudio del PNUD.
Con
un franco ascenso económico como el actual y sin embargo presentando problemáticas
sociales tan delicadas, surge la pregunta: ¿existe una política de Estado que
conduzca a Colombia hacia un futuro brillante, planteada en el marco de la
complejidad? Me atrevo a decir que existen muchas políticas de Estado, pero no
están encaminadas hacia el logro de un mismo objetivo y no están articuladas.
Esta falta de articulación es el síntoma que nos ayuda a identificar la
enfermedad: no existe una política de Estado clara, por lo tanto la
planificación es atropellada.
La
planificación, para que sea efectiva, se debe realizar entonces desde la base
conceptual del ¿hacia dónde se quiere llegar?, para así plantear el ¿cómo los
vamos a hacer?, es aquí donde se encuentra el primer obstáculo, la inmediatez
que la sociedad exige a los gobiernos a la hora de actuar, en un ambiente
complejo, con variadas problemáticas a resolver, conduce a formular muchas
políticas creadoras de programas desarticulados, carentes de eficacia a la hora
de resolver los problemas por los cuales fueron planteados.
Esta
desconexión de los planes con lo que realmente necesita la sociedad es fruto de
una mala planificación planteada de manera lineal, sin tener en cuenta a todos
los actores involucrados, en los diferentes escenarios posibles. La
planificación presenta demasiadas variables que la afectan de manera directa e
inmediata, de tal forma que requiere de una buena estructura sobre la cual se
sostenga para que llegue a ser exitosa. Esta estructura debe estar cimentada
sobre una política de Estado clara y bien definida.
Los
ciudadanos somos responsables del curso de los acontecimientos de nuestra
sociedad, aunque no lo percibamos de manera inmediata, así nos sintamos en un
momento dado víctimas de los hechos, conducidos por los acontecimientos que
nosotros mismos ocasionamos sin detenernos a reflexionar en la mayoría de los
casos, sino que simplemente nos va llevando por su camino, como una manera
irresponsable de no tener que darle cuentas a nadie, ni siquiera a nosotros
mismos. Eso que llamamos destino, se está construyendo constantemente, sin
pausas, así no logremos ver de manera inmediata si lo está haciendo de manera
positiva o negativa. Es por esto que la planificación presenta demasiadas
variables que la afectan de manera directa e inmediata, de tal forma que
requiere de una buena estructura sobre la cual se sostenga para que llegue a
ser exitosa.
Las
políticas públicas en Colombia están diseñadas de manera fragmentada, tejedoras
de soluciones puntuales para problemas particulares, que no identifican el
origen del conflicto en cuestión. Un ejemplo claro de esta manera de actuar es
el siguiente: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con el
Instituto Colombiano de Educación Superior y Estudios en el Exterior ICETEX,
suscribieron un convenio hace años para crear un programa de apoyo a los
jóvenes rurales, con el objetivo de que estos adelanten estudios a nivel
técnico, tecnológico y superior en carreras relacionadas con el sector
agropecuario. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional,
en la última década se han graduado 23.305 jóvenes en todo el país en este tipo
de carreras, cifra que dista mucho de los 495.915 jóvenes que se han graduado
en ciencias económicas, administrativas y contables en el mismo lapso de
tiempo.
Las
dos instituciones tienen claro que existe una situación delicada y es que los
jóvenes rurales no quieren estudiar este tipo de carreras, pero ¿la solución
será entonces darles becas para que lo hagan? Creo que lo mejor es identificar
porque no lo hacen, y me atrevo a decir, que no solo es por cuestión del costo
de la matricula, adicionalmente a esto, existen muchas variables que afectan la
toma de decisiones de un joven en un momento dado, no solo para escoger su
carrera, sino para decidir si estudia o no.
De acuerdo con las proyecciones realizadas
por el Departamento Nacional de Estadística DANE para el año 2011, la población
rural en Colombia se encontraba alrededor de 11.2 millones de personas que
representan el 24% del total de la población colombiana, sin embargo, a pesar
de la importancia de las actividades económicas desarrolladas por esta
población, el sector rural presenta unos indicadores socioeconómicos muy
críticos.
Así por ejemplo, el índice de pobreza
equivale al 65% (2008), superior al total nacional (46%) y uno de los más altos
de América Latina. Igual el de indigencia (36,6%) se ubica muy por encima del
urbano (6,8%) y por consiguiente del total nacional (17,8%).
La desnutrición crónica en la población
infantil rural se encuentra en el nivel de 17.1% en comparación con la urbana
de 9.5%. Por su parte en analfabetismo en la población rural mayor de 14 años
de edad es de 18,5%, 13 puntos por encima al urbano (5,5%), según el Censo 2005
del DANE.
De igual manera las cifras recolectadas en
los últimos dos censos (1993 y 2005), revelan que la población urbana creció en
21%, lo que muestra una concentración poblacional en los centros urbanos. Esto
es más preocupante si se tiene en cuenta que la población que más migra del
campo a la ciudad buscando mejores opciones de vida, es la que se encuentra
entre los 15 y 30 años de edad, conduciendo esto a que el campo se quede sin
talento humano joven que permita el relevo generacional. Estamos pues, ante una situación de alta
complejidad.
La
causa entonces, por la cual los jóvenes no estudian carreras en ciencias
agropecuarias no es solo económica, es también un fenómeno social y cultural,
que se debe tratar desde diferentes áreas del conocimiento por los
profesionales tomadores de decisiones de los diferentes entes del Estado
formuladores de políticas y creadores de programas.
Estos
profesionales están llamados a participar en la elaboración de planes
tendientes a darle solución a esta problemática, desde las diferentes ópticas
por medio de las cuales se debe abordar la situación, es así como no solo el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con el ICETEX pueden aportar
a que aumente el número de jóvenes rurales graduados en ciencias agropecuarias,
también el Ministerio de Educación Nacional debe plantearse el problema y
comenzar a pensar en la solución por medio de, por ejemplo, programas más
atractivos para los jóvenes rurales, el Ministerio de Defensa Nacional debe
garantizarle a los jóvenes que exista seguridad en el camino de 45 minutos o
más que estos deben recorrer a pie desde su casa en la vereda hasta la
institución de educación más cercana donde recibirán sus clases, el Ministerio
del Trabajo también le debe garantizar a los jóvenes que al estudiar estas
carreras no harán parte de la larga lista de desempleados que cada día entran a
engrosar las filas de personas sin un sueldo fijo mensual, esperando por una
vacante disponible para cientos de postulantes.
La
planificación entonces, debe plantearse partiendo del principio de que su
desarrollo se hará en un ambiente complejo, constituido por múltiples
variables, donde el escenario está compartido por diversos actores, por lo
tanto, debe ser descentralizada, transformando la incertidumbre en
posibilidades, el conflicto en oportunidades, las diferencias en cooperación.
Es
así como la racionalidad a la hora de tomar una decisión de carácter público,
puede llegar a ser crucial en el momento de su aceptación o rechazo, pero se
debe entender la racionalidad no como un único elemento que ayuda a tomar una
decisión, sino que se debe interpretar y traducir de acuerdo con el entorno, de
tal forma que tome elementos del conocimiento desde diferentes puntos de vista,
es decir, mirando todo el espectro que hace parte de la situación objeto de
estudio. Estamos aquí ante un concepto alternativo, el de la racionalidad
colaborativa.
Durante
muchas décadas, las decisiones públicas se han tomado partiendo de la base de
la racionalidad, la objetividad, el análisis de cifras, comparación de
alternativas a partir de estadísticas, y en general, centrando el conocimiento
en sistemas de información que básicamente son cúmulos de datos que el tomador
de decisión cuantifica y evalúa, partiendo de que si es medible entonces es
útil. Desde esta perspectiva, el mundo entonces está constituido por partes que
se analizan diferencialmente, gracias a la experticia del observador entrenado.
Se está entonces dividiendo el objeto de estudio, en su esencia.
Pero
el mundo es más que una suma de partes, es así como una situación que se deba
abordar desde un punto de vista político no se puede observar como una
acumulación de objetos que se pueden aislar, sino que se debe tomar como un
todo, por medio no solo de la racionalidad sino de la interpretación de su
propia realidad, partiendo de la base del contexto en la que se encuentre. Cada
situación tiene unas singularidades que la diferencian de otra, por eso no es
eficaz tratar de clasificar los conceptos por medio de principios universales,
o transferir estrategias de un contexto a otro.
Es
así como Habermas argumenta que el dialogo colaborativo puede ser racional, su
teoría de la comunicación racional, identifica condiciones bajo las cuales los
resultados de deliberaciones pueden ser vistos como racionales en tanto que se
pueden consensuar. Se parte de la idea de que la realidad está escondida detrás
de un entendimiento social que construye imaginarios, teorías, suposiciones, y lenguaje, sin
desconocer como la misma sociedad en un momento dado distorsiona la realidad,
pues en últimas, la sociedad no es más que un grupo de individuos con variadas
percepciones.
Este
nuevo orden de pensamiento, debe buscar ante todo el bienestar del ser humano,
en donde los ciudadanos pasemos de ser una cifra más, a ser un sujeto con
necesidades básicas que deben ser satisfechas, donde la calidad de vida prime,
no como un lujo, sino como un derecho inalienable, un orden donde las
oportunidades sean iguales para todos, de tal forma que todas las personas
logren la autonomía, alcance la autosuficiencia y con ella la libertad.
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